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Tía María: lo que debes saber sobre el conflicto que ha puesto en jaque al gobierno

  • Foto del escritor: prensacafe
    prensacafe
  • 1 may 2014
  • 4 Min. de lectura

El proyecto minero Tía María ha originado diversas protestas de la población arequipeña y de otras partes del país. 138 observaciones presentes al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la suspensión del proyecto y su respectiva reactivación (sin licencia social alguna) son los eslabones de esta cadena que está azotando el último año del gobierno nacionalista.

Otro conflicto minero que pone en ascuas la estabilidad política y social del Perú.


Con más de 50 días de levantamiento, el proyecto minero Tía María se ha convertido en el conflicto socio ambiental que está dando de qué hablar en la política peruana. ¿Pero de qué va? Aquí un repaso por los principales antecedentes del conflicto que nada tiene que ver con tu tía llamada María.


La historia de una minera


Southern Perú Cooper Corporation es una empresa mexicana dedicada a la explotación minera de cobre, zinc, plomo, carbón, plata, entre otros metales. Opera en México, Perú y Chile y tiene acciones en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Lima.


En Perú sus actividades comienzan en la década de 1950, y han estado ligadas a denuncias por contaminación ambiental en el sur del país (donde tiene tres proyectos en actividad)


Las principales denuncias que afronta la empresa extranjera son: la contaminación de más de 785 millones de toneladas de relaves mineros en la bahía de Ite, en Tacna, por 36 años; exceder el límite máximo permisible en emisiones de dióxido de azufre en Ilo; contaminar con metales pesados el agua para agricultura y ganadería en Pampa Sitana en la provincia Tacneña de Jorge Basadre; y poner en crisis hídrica las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota por su actividad en Toquepala.


Además, Southern Perú tiene un acumulado de 14 sanciones impuestas por el Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, además de una multa ascendiente a 608 mil soles por Osinergmin por no presentar su Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA).


La tía a la que nadie quiere


En el año 2003 se inicia el proyecto minero Tía María, con dos yacimientos de cobre a tajo abierto (La Tapada y Tía María) con una inversión que asciende a 1300 millones de dólares. Dicho proyecto incluye para su desarrollo las áreas de influencia del Valle del Tambo, los distritos Cocachacra, y las poblaciones de Mejía y Dean Valdivia, en Islay, Arequipa.


Asimismo se prevé que el proyecto minero administrado por capital mexicano opere por 18 años y contrate a 3500 trabajadores en la etapa de construcción de la mina y unos 764 personas para la operación y extracción.


La principal denuncia de la población arequipeña se basa en que el último Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado sin licencia social, ni participación local. Además, alegan que en el Valle de Tambo conviven 10 000 habitantes y existen 13 mil hectáreas cuyas principales actividad económicas son la agricultura y la ganadería, que se verían afectadas ya que la zona de extracción del proyecto se encuentra a solo 2 kilómetros de los cultivos.


Filtración de un documento


La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) a finales del año 2010 firmó con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un convenio en el que se comprometía a revisar cien Estudios de Impacto Ambiental (EIA) con la finalidad de mejorar los procedimientos ambientales “para llevarlos a un mejor nivel de excelencia”. El primer estudio que fue encargado de revisar fue el del proyecto Tía María contra el que se había levantado la población Arequipeña.


En marzo de 2011 la UNOPS presentó el documento de revisión en el cual encontraba 138 observaciones al EIA presentado por la minera Southern Perú. Entre los principales hallazgos estaban la falta de un estudio hidrogeológico (agua y suelo) necesarios en la evaluación del impacto; que el agua para el proceso no provendría del mar sino de un estero; además existía la posibilidad de que se explotara oro sin mencionar las salvaguardas por el uso del mercurio en el proceso.


Explosión de la violencia


Aunque las protestas comenzaron en noviembre del 2010, la etapa de mayor violencia es luego de la filtración del documento de evaluación de la UNOPS. Desde ese momento los dirigentes del Frente de Defensa del Valle del Tambo encuentran sustento técnico que el MEM se había negado a recibir.


Los pobladores exigían al Estado dar prioridad a la agricultura suspendiendo la concesión minera. Durante el levantamiento murieron tres personas y el número de heridos ascendió a más de 50 en los 17 días de enfrentamientos, el Gobierno decidió cancelar de manera definitiva el proyecto minero.


Pero Southern no se rinde


Sin embargo, el conflicto no quedó ahí. Dos años después, el 5 de noviembre de 2013 Southern presenta un segundo Estudio de Impacto Ambiental al MEM, y el 20 de diciembre de 2013, lo presenta en audiencia pública a los pobladores del distrito de Cocrachacra.



El documento es aprobado el 1 de agosto de 2014. Y contaba con la opinión favorable de la Autoridad nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Agricultura y Riego, la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú de la Marina de Guerra de Perú.


Y Arequipa tampoco


El 8 de marzo de 2015 las organizaciones de agricultores y las autoridades locales del valle de Tambo, acuerdan iniciar una huelga desde el 23 de marzo en toda la provincia de Islay en contra de la empresa minera Southern y el proyecto minero Tìa María. La razón: el proyecto no cuenta con licencia social mínima para garantizar el cuidado del medioambiente de Islay. Es inviable.


Otro argumento más sólido que encuentra la población del Valle de Tambo es que, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la empresa Southern establece su rango de acción en 488 hectáreas a explotar entre el tajo abierto y el pozo de lixiviación. Sin embargo, actualmente, la empresa plantea utilizar 4800 hectáreas para sus actividades, diez veces más que lo planificado en el documento de evaluación ambiental que presentó.

 
 
 

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